FABRICIANO
LÓPEZ-PINTOR ALBACETE:
CRIPTANENSE,
CARTERO URBANO,
MÚSICO
Y REPRESALIADO POR EL FRANQUISMO
Ya en las últimas décadas
del siglo XIX había en Campo de Criptana dos Bandas de Música. En el siglo XX,
a la altura de 1930, se constata la permanencia de ambas. Una sigue existiendo
en la actualidad, la conocida hoy como Filarmónica Beethoven. La otra no, la
dirigida por entonces por Fabriciano López-Pintor, la llamada Santa
Cecilia, si bien en el transcurso de la sesión celebrada por la Corporación el
2 de septiembre de 1933 es denominada Banda Mozart; sus ensayos en esos tiempos de la
Segunda República tenían lugar en un local alquilado al Ayuntamiento y ubicado
en las dependencias del antiguo Convento de Carmelitas Descalzos, local que
había ocupado hasta 1931 la Escuela Graduada de Niños, que desde entonces
dispuso del nuevo edificio inaugurado
ese año en la zona del Pozo Hondo.
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La Banda Santa Cecilia con Fabriciano al frente
en la actual calle Tercia |
El local dejaba que
desear y en enero de 1932 Fabriciano, como director, solicitó a las
autoridades locales el arreglo del patio ya que estaba en “condiciones intransitables”; el Ayuntamiento acordó por unanimidad hacer
las reparaciones necesarias en el patio y en una buhardilla. Más tarde, a principios
de 1934, Fabriciano y Juan Antonio Lucas, presidente y secretario
respectivamente de la Sociedad Musical Santa Cecilia, solicitaron a la
Corporación municipal la renovación del contrato de arrendamiento por un periodo
de cinco años por el precio mensual que ya venía pagando, 15 pesetas, a lo que
accedió la Corporación.
Las dos Bandas solían
alternar sus actuaciones, por cada una de las cuales el Ayuntamiento pagaba 100
pesetas en esos años. Como muestra de su labor, esta, cuyo tesorero era Ricardo
Torres, protagonizó una velada musical en el quiosco de la Plaza de la
Constitución el 1 de mayo de 1933 y asistió en dos ocasiones a las fiestas del segundo
aniversario de la República; además ese año ofreció cuatro conciertos en agosto
en el quiosco, y otro con motivo del aniversario de la Primera República. De
cualquier forma, no andaba sobrada de recursos económicos y el 29 de marzo de
1934 los miembros de la Banda solicitaron al Ayuntamiento 1.500 pesetas para
atender necesidades perentorias dado que carecían de fondos, cantidad a deducir
de lo que habrían de cobrar por sus actuaciones futuras. Los firmantes eran
mayores de edad, pero también en la Banda había menores, por los que firmaban
sus respectivos padres. Se comprometían a prestar sus servicios al Ayuntamiento
sin cobrar hasta haber satisfecho el importe del anticipo. Los componentes eran
los que siguen, 31 en total:
Fabriciano Pintor, Ricardo
Torres, Manuel Quintanar, José Quintanar, Juan José Alcolado, Juan Vicente
Manjavacas, Jesús Quintanar, Ángel Escobar, Francisco Lucas, Juan Antonio
Lucas, Felipe Madrid, Miguel Palomar, Francisco Quintanar, Luis de la Guía,
Julián Gómez, Alipio Olivares de la Guía, Benito Sánchez de León, Antonio
Gómez, Primitivo Olivares, Gregorio Manjavacas, Rafael Moreno, el hijo de Ramón
Cruz, Pedro Duro, Francisco Cruz, José Escribano, Amós Sierra, Ramón
Bustamante, y los menores Andrés y José Mª Iniesta, Vidal Moreno y Marcial
Moreno.
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En el centro y sin gorra, Fabriciano,
rodeado por sus músicos |
El 31 de ese mes la
Corporación acordó acceder a ello pues lo que se pretendía era un contrato de
servicios con pago adelantado. El contrato fue firmado por el alcalde Luis
Sánchez-Manjavacas Díaz-Ropero – miembro de Izquierda Republicana - y por Fabriciano.
Se estipulaba que en los festejos del 14 de abril, aniversario de la
proclamación de la Segunda República, la Banda se presentaría ya equipada con
nuevos uniformes.
La tradición oral nos ha
transmitido la rivalidad entre las dos Bandas existentes, tildada la Santa
Cecilia de ser proclive a la izquierda, y lo cierto es que la rivalidad era un hecho
comprobado. La otra Banda era la Sociedad
Filarmónica Beethoven, varios de cuyos miembros (Manuel Herencia, Santiago
Calonge, Cesáreo Martínez, Amador Bastante, Faustino Serrano, José Galindo,
José Mª Sánchez-Alarcos y Manuel Angulo Sepúlveda, su director desde 1933),
ante el hecho de que la alcaldía había formalizado el contrato aludido con la
otra Banda, solicitaron que se hiciera otro con la Filarmónica Beethoven con
las mismas condiciones que el mencionado. Se comprometían a actuar alternando
con la otra Banda por riguroso turno hasta completar los 15 actos a que se
comprometían a asistir. Y así lo aprobó el Ayuntamiento por unanimidad en la
sesión del 7 de abril. El acuerdo se empezó a cumplir escrupulosamente y aunque
algún problema hubo por parte de la Corporación, definitivamente antes de
acabar el mes de junio el asunto quedó resuelto en el sentido antes expuesto.
Por esos años, como ahora,
el día de Santa Cecilia, patrona de la música, tenía una significación
especial. Un ejemplo es el del año 1934. El 6 de noviembre Fabriciano, como
sabemos director de la Santa Cecilia, expuso al Ayuntamiento que los que
formaban esa Banda querían celebrar, como en los años anteriores, una fiesta
popular el 22 de noviembre para lo cual habrían de reunirse en lugar cerrado y hacer un desfile
por las calles, para todo lo cual pedía permiso, que a buen seguro le fue
concedido. También celebraba esa fiesta la Filarmónica Beethoven.
La guerra trastocó todo,
también en lo que se refiere al tema que estamos tratando. Desde
el Ayuntamiento se trató de organizar una Banda, conocida como la del Frente
Popular, de la que fue director Fabriciano, para quien la posguerra, como
se verá, fue todo un cúmulo de penalidades como perdedor de una guerra y como
víctima de la muy particular justicia franquista.
Fabriciano fue detenido
poco después de la finalización de la guerra civil y sometido a dos procesos;
uno “judicial” sumarísimo y otro de depuración como funcionario que era. En
cuanto a este último, el Ministerio de Orden Público del gobierno franquista, a
través de la Jefatura del Servicio Nacional de Correos y Telecomunicación,
concretamente su departamento de Correos y la Sección de expedientes
político-sociales, se encargó tras acabar la guerra de depurar a Fabriciano,
cartero urbano de Campo de Criptana. El Estado franquista quería estar bien seguro
de la fidelidad de sus subordinados. Fue el Instructor del expediente Alfonso
Díez Blanco y los Secretarios Andrés Valdés Praga y Antonio Sánchez Fuentes. La
documentación del expediente está depositada en el Centro Documental de la
Memoria Histórica, de Salamanca.
Nuestro personaje había
accedido a su oficio después de presentarse a un examen realizado el 7 de abril
de 1913, tras cuya superación ingresó efectivamente en el Cuerpo el 1 de enero
de 1914. Prestaba sus servicios como cartero en Campo de Criptana, trabajo por el que
percibía un sueldo de 3.750 pesetas anuales – dato correspondiente a 1937 -.
El 9 de junio de 1932 se
afilió al Partido Republicano Radical Socialista, uno de los que en 1934 dieron
lugar al llamado Izquierda Republicana, al que seguiría perteneciendo
posteriormente. Por otra parte, desde que el 1 de octubre de 1936 el Sindicato
de Carteros Urbanos, del que era miembro, ingresó en UGT, Fabriciano formó
parte de esta central sindical.
Finalizada la guerra, todo
funcionario que deseara seguir siéndolo en el Estado franquista estaba obligado
a pedir formalmente el ingreso en su respectivo Cuerpo dentro del marco de la particular depuración puesta en marcha por
aquel. Eso es lo que hizo Fabriciano el 9 de abril de 1939 mediante solicitud dirigida
al Jefe del Servicio Nacional de Correos y Telecomunicación, que por entonces
tenía su sede en Valladolid. Como era la norma, los documentos relacionados con
la administración pública debían estar redactados utilizando las expresiones impuestas por el bando vencedor, por supuesto estrictamente obligatorias, con lo que
ello suponía de humillación para quien había sido partidario del régimen
republicano. Así, tras el ineludible "¡¡Arriba España!!” del encabezamiento de
su escrito en este manifestaba que “...
en virtud de la orden telegráfica de la Superioridad, solicito se me admita a
prestar servicio en Correos de Cartero Urbano”.
Se iniciaba así, en el
ámbito del “Ministerio de Orden Público, Jefatura del Servicio Nacional de
Correos y Telecomunicación, Correos”, en la “Sección de expedientes
político-sociales”, el expediente de depuración político-social seguido a
Fabriciano y cuyo número era 3466-U. Además de la solicitud, y con la misma
fecha, remitió, según era preceptivo, una declaración jurada. En ella, y dado
que los tiempos habían cambiado, se vio obligado a incluir referencias con las
que es de suponer para nada estaba de acuerdo; así se citaba a sí mismo como
“simpatizante del Movimiento Nacional”, además de manifestar que había sido
“obligado por las autoridades rojas locales a continuar mis servicios
[profesionales] después del 18 de julio” de 1936. En cuanto a sus haberes,
mencionaba la acreditación de quinquenios y la bonificación de 5 pesetas
diarias en calidad de subsidio de guerra, todo lo cual hacía un sueldo total cuando
la guerra acabó de 5.250 pesetas al año.
En cuanto a su pertenencia
a organismos indicaba en la declaración lo ya conocido en relación con el
Sindicato de Carteros y UGT, al tiempo que negaba haber estado afiliado al Socorro Rojo
Internacional – sí fue miembro de la Cruz Roja – como tampoco lo estuvo a los
Amigos de Rusia ni fue masón. A la firma añadía la expresión ritual de
“Arriba España”.
Mariano Cubillas Vilas,
secretario del Juzgado Especial de la Jefatura del Servicio Nacional de Correos
y Telecomunicación - del que era Juez el del 1ª Instancia e Instrucción
Jerónimo Maíllo Sánchez, por cierto capitán honorario del Cuerpo Jurídico Militar
-, emitió un certificado según el cual
en la información practicada por ese Juzgado Especial acerca de Fabriciano
aparecían contra él estos cargos: “Elemento de firmes ideas
izquierdistas. Se ha manifestado rojo durante todo el periodo de dominación marxista”.
Es claro que la dictadura franquista no toleraba otra ideología que no fuera la
suya propia.
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Portada del expediente
de depuración de Fabriciano
(CDMH, Salamanca) |
Al día siguiente el juez
Maíllo dictaba una providencia según la cual se procedía a incoar expediente al
funcionario Fabriciano para depurar responsabilidades por su pasada actuación
político-social. En ese mismo 24 de mayo el Juez instructor y el secretario
Valdés emitían otra providencia para dar cumplimiento a lo acordado por el Juez
Especial y en concreto ordenaban que se pasara a Fabriciano el pliego de cargos
para que respondiera al mismo en un plazo de cinco días y aportara pruebas de
lo que alegase en su descargo, así como que se pidiera información sobre la
actuación del expedientado al Gobernador Civil de Ciudad Real (Secretaría de
Orden Público), al jefe del Servicio de Información Militar Provincial, al alcalde criptanense, al Jefe del
Servicio Local de Investigación de F.E.T. y de las J.O.N.S. y al Primer Jefe de
la Guardia Civil de la población. De esos informes se conservan los que se
examinan a continuación.
El Comandante de Puesto de
la Guardia Civil de Campo de Criptana, Tomás Aparicio Villar, emitió su informe
el 15 de junio de 1939. En él afirmaba sobre Fabriciano que:
Se distinguió por sus
ideas marxistas.
Perteneció desde 1931 al
Partido Republicano Radical Socialista [desde 1932 según el propio interesado,
como ya sabemos] y después a Izquierda Republicana hasta el fin de la guerra.
Fue sorprendido en una
reunión clandestina a los pocos días de haber sido sofocada la Revolución de
Asturias.
Durante el “Glorioso Alzamiento
Nacional, salvador de España” estuvo conviviendo “en estrecha amistad con los
dirigentes del Comité y los políticos de los partidos del Frente Popular”.
Insultó al “Ejército
Nacional”.
Exaltó la causa “roja”.
“Se ha dejado entrever por
las calles armado de una escopeta”.
“Su obcecación siempre fue
extremada hacia las ideas masónicas”.
El informante lo
consideraba no apto para para desempeñar públicos “y sí peligroso para la Nueva
España”.
El día 22 fue el párroco
de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Tomás Urda, el que
tras “ las pesquisas realizadas para conocer la conducta” de Fabriciano
informaba lo siguiente:
“Su actitud ha sido
francamente revolucionaria desde el primer día de la guerra” hasta el final.
Estaba “detenido para responder de hechos de otro género” [se refería así al proceso sumarísimo a que
estaba siendo sometido].
Una de dos: o fue detenido
entre los días 15 y 22 de junio, pues el guardia civil no se refiere a ese
hecho, o había sido detenido ya antes y tal circunstancia fue omitida por
aquel. Supongo que fue detenido poco después de acabada la guerra.
De 27 de junio de 1939 es
el informe del Delegado local de Información e Investigación de F.E.T. y de las
J.O.N.S. (el apellido, Alarcón, es lo único legible de su firma). Este
documento nos dice:
El domicilio de Fabriciano
era el nº 12 de la calle Conde de Cabezuelas [hoy tiene recuperado su antiquísimo nombre de Tercia).
Sobre la filiación
política antes de la guerra y durante ella menciona su pertenencia a Izquierda
Republicana, en el que no tuvo cargo alguno en ningún momento.
Sobre el periodo anterior
a la guerra, además de indicar que propagó ideas marxistas añade que fue
director de una Banda de Música “que empleaban los marxistas locales para sus
giras y desfiles” y con la que actuó “el Viernes Santo de 1934 (...) en la
conmemoración del 14 de abril”, aniversario de la proclamación de la Segunda
República, que coincidió con la celebración del Viernes Santo.
Por otra parte, el
informante aseguraba que durante la guerra alguna vez prestó servicio de armas
al servicio del Comité y Ayuntamiento “llevándo [sic] a cabo algunas
detenciones”.
Por cierto, los
vencedores, creyéndose con derecho a inmiscuirse en todos los aspectos de la
vida de una persona, incluían en sus informes la valoración de la vida pública
y privada, que en el caso de Fabriciano y para este informante merecían el
calificativo de buenas, e incluso la conceptuación religiosa que merecían las
personas era objeto de investigación, en lo que – decía Alarcón – Fabriciano era
“completamente indiferente”.
También incluía este
informe la valoración de la posición económica del investigado, “precaria” en
el caso de Fabriciano. Supongo que la inclusión de esa posición tenía que ver
con las penas de carácter económico que se imponían a los perseguidos de una u
otra manera por los vencedores en la guerra.
Por último, se señalaba
que en esas fechas a Fabriciano se le seguía “procedimiento sumarísimo por el
Juez Instructor de Campo de Criptana”, en alusión a lo que habría de llevarlo a
una larga condena en prisión.
El alcalde el 16 de julio
informó que desde antes de la guerra ya era de izquierdas y antes de y durante
la misma “se ha[bía] significado por su
estrecha amistad con los elementos marxistas de esta localidad cuya protección
ha[bía] tratado atraerse”, que “ha[bía] hecho propaganda disolvente entre el
vecindario”, que había mostrado “complacencia con los excesos de la horda
roja”, que había perjudicado a otros compañeros de profesión, que fueron
después expulsados del Cuerpo, y que era “indigno de seguir prestando” sus servicios al
Estado. En otro informe, del 18 de agosto, el alcalde, aparte de indicar que
Fabriciano estaba detenido en Campo de Criptana insistía en que siempre había
estado "en contacto con los elementos del llamado Frente Popular”.
El Pliego de Cargos
presentado a Fabriciano lleva fecha de 10 de julio de 1939, La respuesta de
Fabriciano con sus “descargos” se produjo el día 19 de ese mes:
El primer cargo era
pertenecer a Izquierda Republicana antes de la guerra, a lo que contestó que era cierto.
Al 2º cargo (“Propagó las
ideas marxistas”) respondió que no se dedicó a tal cosa.
El tercer cargo era lo ya
conocido sobre su actuación en el Viernes Santo el 14 de abril de 1934,
coincidente con el tercer aniversario de la Segunda República. Fabriciano
declaró ser cierto el hecho de haber sido director de una Banda de Música, que
en el tiempo que existió intervino tanto en actos profanos como religiosos, y
acerca del hecho citado dijo que el 14 de abril de 1934 se negó a dirigirla y
se ocultó en casa de Ramón Cruz Izquierdo, “persona destacada de derechas”; la
negativa – aclaró- se debió a que él tenía sus sentimientos religiosos. Además
añadió que el local de Academia de la Banda fue asaltado y algunos de la Banda
fueron obligados a actuar “pero sin mi dirección”.
El 4º cargo era que siguió
perteneciendo a Izquierda Republicana “durante el Movimiento” y que había prestado servicio de
armas a las órdenes del Comité y Ayuntamiento y practicado algunas detenciones.
Él afirmó ser cierto lo de su afiliación a ese partido pero que no era cierto que hubiese prestado
servicio de armas y que “con motivo de discrepancias entre la C.N.T local y las
autoridades, fui obligado por dirigentes marxistas que me encontraron en la
calle a marchar al ayuntamiento, donde se me entrego [sic] un arma de la que no
hice uso, y obligado por el alcalde rojo y en compañia de otros se efectuó la
detencion de [una] (...) persona a quien se guardó toda clase de
consideraciones siendo puesto a las pocas horas en libertad y que en la
actualidad reside en esta”.
El 5º y último cargo era
que se le seguía un procedimiento sumarísimo por el Juzgado Militar de Campo de
Criptana, lo que, como era lógico, reconoció.
La parte de los descargos,
escrita de puño y letra por Fabriciano, finalizaba con las expresiones de
ritual que forzosamente había que incluir en cualquier escrito oficial, es
decir, “Año de la Victoria” tras la fecha, “¡Saludo a Franco!”, “¡Arriba
España!”.
Siete días después, el 26
de julio, redactaron un escrito favorable a Fabriciano los miembros de la
Orquesta Cervantes, un grupo musical que lo mismo intervenía en actos
religiosos que profanos, incluidos los bailes de Carnaval. Por cierto, ese fue
el único escrito de ese signo incluido en el expediente de depuración; si hubo más no se conservan.
Eran sus miembros, además de Fabriciano, Ángel Valero – sacristán de la iglesia
parroquial criptanense -, Ramón Bastante, Juan Bustamante, Lidio González,
Antonio Millán, ¿Juan? García y ¿? Galindo. Declaraban y certificaban que la conducta
de Fabriciano dentro de la Orquesta fue “siempre correctísima”, que él, como
los demás, había actuado en actos religiosos “sin la más minima objeción por su
parte”, y que lo consideraban “persona honorable”. Ni que decir tiene que, tal
como operaba la “justicia” franquista, ese apoyo no le sirvió de nada.
Por lo demás, la sentencia
que resolvía el juicio sumarísimo a que fue sometido Fabriciano sería un
elemento importante para la decisión que se tomara en su proceso de depuración.
Al respecto no deja de resultar sorprendente el deficiente funcionamiento del
entramado burocrático-judicial del sistema franquista. Así, en escrito de 5 de
marzo de 1940 dirigido por el Juez Instructor 1-C, de Valladolid al Auditor de
Guerra de Ciudad Real le recordaba otros escritos anteriores en los que le
solicitaba el testimonio de la sentencia recaída en Fabriciano con el fin de unirlo
al expediente político-social de este. El 8 de marzo le respondió el Secretario
de la Auditoría de Guerra, Delegación de Ciudad Real, haciéndole saber que la
sentencia de Fabriciano debía solicitarla al Juzgado Militar de Ejecutorias
letra Z, de Madrid, en el que se debía encontrar. El 14 de marzo se repetía la
petición del testimonio de la sentencia. Volveremos a este asunto.
En cuanto a la
finalización del proceso de depuración como funcionario fue la siguiente. En
Madrid, el 11 de julio de 1940, el Juez Especial Jerónimo Maíllo presentó al
Director General de Correos y Telecomunicación su propuesta de sanción a
Fabriciano, propuesta que justificaba en el hecho de que su actuación durante
“la subversión marxista” había sido “francamente antipatriótica y contraria al
Glorioso Movimiento Nacional” y se había identificado perfectamente con “la
rebeldía roja”, razones por las que, en referencia a lo establecido en el
artículo 10º en relación con el 9º de la Ley de 10 de febrero de 1939, proponía
la sanción máxima de separación definitiva del servicio. El mismo día se tomó
la resolución definitiva, que no fue otra que la propuesta por Maíllo, que el
Director General citado hizo suya, con la consecuencia de que el funcionario
del Cuerpo de Correos Fabriciano López-Pintor Albacete sería “dado de baja en
el escalafón de los de su clase”.
En cuanto al proceso
sumarísimo, estaba identificado con el número 4.976, según mencionaba un
certificado del encargado del Servicio de Información y Estadística de la
Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, fechado en Ciudad a Real a 7 de
agosto de 1939. En principio estuvo a cargo – según informe de 1 de julio de
ese año del juez municipal criptanense, Fernando Alarcón - del Juzgado
Instructor Militar de Campo de Criptana. La Auditoría de Guerra de nuestro pueblo se inhibió del
caso el 19 de dicho mes y lo remitió al Juez Militar de Alcázar, y fue visto en juicio sumarísimo en septiembre, resultado del cual fue la condena de 12 años y
1 día de prisión.
El 3 de junio de 1940 –
por lo que más arriba exponía sobre el funcionamiento de la justicia
franquista - el Juez Instructor del otro
proceso, el de depuración como funcionario, preguntaba por escrito a
Fabriciano, entre otras cosas, que manifestara el “resultado del Proceso
sumarísimo que se le ha[bía] instruido, remitiendo si la tuviera en su poder,
copia de la sentencia”. La respuesta a esa pregunta – y a otras que le había
formulado dicho juez – fue redactada y firmada por Fabriciano el
17 de junio de 1940 en la Prisión de Cáceres, donde ya estaba cumpliendo la
pena que se le había impuesto en el proceso sumarísimo. En su contestación a
todos los interrogantes que se le habían hecho expuso lo siguiente:
Fue juzgado por el
Tribunal Militar nº 3 del Partido Judicial de Alcázar de San Juan el 17 de
septiembre de 1939 “año de la Victoria” [expresión obligada, por supuesto] y
condenado a 12 años y 1 día de prisión por el delito de auxilio a la rebelión.
No tenía copia de la
sentencia por no habérsela entregado el Juez Instructor, circunstancia que también evidencia cómo funcionaba el sistema.
Como prueba de descargo en
el proceso de depuración que se le estaba siguiendo rogaba que fueran
consultadas las personas con las que había convivido en Correos desde 20 años
antes del inicio de la guerra (del inicio del “Glorioso Movimiento Nacional”,
escribía en su respuesta). Esas personas eran:
Juan José Leal y Pulpón,
que en junio de 1940 prestaba sus servicios en Madrid y había sido
administrador de la oficina subalterna de Campo de Criptana desde antes de la
guerra.
Juan Junco, en 1940
administrador de la citada subalterna.
José María Flores, también en esa fecha cartero urbano en Campo de Criptana.
También señalaba que de su
conducta particular se podía consultar entre otras muchas personas a Ángel
Valero, Juan Bustamante y Ramón Arteaga, los tres “personal de reconocida
solvencia dentro del Glorioso Movimiento Nacional”.
Ni que decir tiene que su
escrito finalizaba con los obligados ¡Arriba España! y ¡Viva Franco!
 |
| La vieja Prisión de Cáceres |
Condenado, como se ha
indicado, por auxilio a la rebelión, a la pena de 12 años y un día de
reclusión, empezó a cumplirla en la Prisión Provincial de Cáceres. El día 30 de
octubre de 1942 el alcalde Fernando Alarcón comunicó a su director, José Mª
González Álvarez, que no había inconveniente en que tuviera libertad
condicional pero desterrado del pueblo. Al final, no fue desterrado y fijó su
residencia en Campo de Criptana. El 11 de marzo de 1943 fue remitido al
Ayuntamiento de Campo de Criptana el certificado, fechado en el mismo día, de
libertad condicional desde Cáceres, situación debida a la buena conducta
observada en la cárcel. Por entonces contaba con 44 años y tenía dos hijos.
Entre las instrucciones una era la obligación de Fabriciano de “dirigir por
correo, el primer día de cada mes, un conciso informe referente a su propia
persona, escrito por sí mismo”, informe en el que debía hacer constar la
cuantía del jornal que recibiese por su trabajo, “así como la economía y
ahorros que haya podido hacer”; por lo demás, se le aconsejaba evitar las
“malas compañías”, y se añadía este curioso ofrecimiento: “en esta Prisión
hallará siempre un lugar de retiro y protección en caso de desgracia”.
Así pues, Fabriciano fue
condenado a pena de cárcel y resultó expulsado del Cuerpo de Carteros, lo que significaba apartarlo de la sociedad y - valga la palabra - machacarlo económicamente.
En el proceso de
depuración como funcionario de Correos se le aplicó, como se ha visto, la “Ley de
10 de febrero de 1939 fijando normas para la depuración de funcionarios
públicos” (B.O.E. del 14 de febrero), una ley por tanto promulgada antes de
finalizar la guerra civil en cuyo preámbulo podía leerse:
 |
Primeros párrafos de la
Ley para la depuración de funcionarios públicos
(1939) |
"La liberación de
nuevos territorios (...) plantea con urgente apremio el problema de la
depuración de los funcionarios públicos. Es deseo del Gobierno llevar a cabo
esta depuración con la máxima rapidez y dentro de normas flexibles que permitan
reintegrarse rápidamente a sus puestos a aquellos funcionarios que lo merecen
por sus antecedentes y conducta, y, al mismo tiempo, imponer sanciones
adecuadas, según los casos, a los que incumpliendo sus deberes contribuyeron a
la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se
apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la
Administración”.
En su artículo 1º se
establecía que “Cada uno de los Ministerios Civiles que constituyen la Administración del Estado procederá a la investigación de la conducta seguida, en relación con el Movimiento Nacional, por los funcionarios públicos que de él dependan y que se encontraran en los territorios recientemente liberados y en los que se vayan liberando, y procederá, asimismo, a imponer las sanciones de
carácter administrativo que correspondan al comportamiento de tales
funcionarios y que convengan al buen servicio del Estado".
El artículo 2º disponía
que “Todos los funcionarios liberados deberán presentar en el término de ocho
días, ante la Jefatura Provincial del Cuerpo o servicio a que pertenecieren, o
ante el correspondiente Ministerio, una declaración jurada ...”, con el
contenido que se ha visto en el caso de Fabriciano.
El artículo 9º enumeraba
los hechos que “podrán considerarse como causas suficientes para la imposición
de sanciones, las siguientes:
a) Todos los hechos que
hubieren dado lugar a la imposición de penas por los Tribunales Militares o a
la exigencia de responsabilidades políticas, con arreglo a la Ley de este
nombre. b) La aceptación de ascensos que no fueren consecuencia del movimiento
natural de las escalas y el desempeño de cargos y prestación de servicios
ajenos a la categoría y funciones propias del Cuerpo a que se perteneciera.
c) La pasividad evidente
de quienes, pudiendo haber cooperado al triunfo del Movimiento Nacional no lo
hubieren hecho.
d) Las acciones u
omisiones que, sin estar comprendidas expresamente en los apartados anteriores,
implicaren una significación antipatriótica y contraria al Movimiento Nacional".
En el artículo 10º
contemplaba las sanciones que podrían imponerse a los funcionarios incursos en
responsabilidad administrativa:
“Traslado forzoso, con
prohibición de solicitar cargos vacantes durante un período de uno a cinco
años.
Postergación, desde uno a
cinco años.
Inhabilitación para el
desempeño de puestos de mando o de confianza.
Separación definitiva del
servicio”.
Como se puede observar, a Fabriciano se le impuso, como señalé, la sanción más dura, pues se quedó
sin el trabajo en el que ingresó superando la prueba correspondiente y que había
desempeñado durante más de veinticinco años.
En cuanto al proceso
sumarísimo por el que fue condenado a pena de cárcel le fue aplicada la “Ley de
9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas” (B.O.E. de 13 de febrero),
promulgada, pues, un día antes que la objeto de comentario anteriormente y que
estuvo vigente hasta la promulgación del Decreto 10/1969, por el que
prescribían todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939.
Esta ley tenía, para la
consideración de delitos, efectos retroactivos, concretamente eran objeto de su
atención los hechos acaecidos desde el 1 de octubre de 1934; por lo tanto,
violaba el principio de retroactividad al considerar punibles hechos realizados
antes de su promulgación, y además cubría todas las formas de subversión y de
ayuda al esfuerzo de guerra republicano, y también los ejemplos de “pasividad
grave” en la guerra. El castigo se extendía a cualquiera que hubiese prestado
apoyo al bando republicano incluso sin participar en hechos de armas.
 |
Primera página de la
Ley de Responsabilidades Políticas
(1939) |
En su preámbulo, entre
otras cosas se señalaba:
“Próxima la total
liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto
a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado
el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para
liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con
actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante
más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente
ineludible, del Movimiento Nacional ...” y que “Los Tribunales encargados de
imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército, de la
Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., que
darán a su actuación conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional. Y para conseguir que
funcionen con perfecta armonía todos los Tribunales y organismos a quienes se
encomienda la aplicación de la Ley, se crean un Tribunal Superior y un órgano
administrativo, anejo al mismo, que, bajo una sola dirección, y de acuerdo con
el Gobierno, imprimirán al conjunto la unidad necesaria para conseguir todos
los resultados que en el orden jurídico y en el económico se pretenden”.
El artículo 1º declaraba “la
responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que
desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de
dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a
agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de
aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o
se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”.
El artículo 8 enumeraba
las posibles sanciones:
“Grupo I.—(Restrictivas de
la actividad).— Inhabilitación absoluta. Inhabilitación especial.
Grupo II.—(Limitativas de
la libertad de residencia).—Extrañamiento. Relegación a nuestras Posesiones
africanas. Confinamiento. Destierro.
Grupo
III.—(Económicas).—Pérdida total de los bienes. Pago de cantidad fija. Pérdida
de bienes determinados”.
En el artículo 10 se
aclaraba que “En toda condena se impondrá, necesariamente, sanción económica de
las señaladas en el grupo tercero ...”. Según esto y tal como anticipé más
arriba, entiendo que además de la pena de cárcel a que fue condenado
Fabriciano, lo fue también a una pena económica, lo que se deduce, según se
vio, de una de las instrucciones dadas por escrito a Fabriciano cuando se le
concedió la libertad condicional, es decir, informar sobre el jornal que
recibiese por su trabajo, sus ahorros, etc.
Y un último comentario
sobre el motivo de su condena, el de “auxilio a la rebelión”, y es que para el
franquismo la verdadera rebelión era la defensa del orden republicano y no la
de los sublevados en julio de 1936. El propio Ramón Serrano Súñer - político y
abogado español de extrema derecha, diputado en las Cortes de la Segunda
República, responsable en buena parte de la creación del Nuevo Estado
franquista, seis veces ministro entre 1938 y 1942 en las carteras de
Gobernación y Asuntos Exteriores, presidente de la Junta Política de F.E.T. y
de las J.O.N.S. entre 1939 y 1942, el conocido como “el cuñadísimo” pues era cuñado de la esposa
de Francisco Franco – en sus memorias publicadas en 1977 utilizó el término de
“justicia al revés” para referirse a la represión franquista de posguerra: los
sublevados castigaban por rebelión a los fieles al gobierno legalmente
constituido.
No hay que
olvidar que tras el golpe militar de julio de 1936 miles de personas
fueron asesinadas por el nuevo régimen, el dictatorial
encabezado por Franco, en gran parte acusadas de auxilio a la rebelión, en una
operación de exterminio político planeada y llevada a cabo por aquel estado de
corte fascista. Y por lo que hace a Fabriciano, en definitiva, en aquel
contexto de persecución tras la guerra de las personas consideradas desafectas
al régimen franquista, su gran "pecado" era su ideología, que poco tenía que ver con la de los vencedores.
Precisamente
sobre la vieja Prisión de Cáceres, aquella en la que Fabriciano pasó varios
años de su vida, publicaba El Diario.es el 24 de agosto del presente año las
siguientes líneas redactadas por Jesús Conde:
“Hoy pocos lo saben,
pero el penal cacereño, tras el de Burgos, fue uno de los mayores referentes de
la resistencia antifranquisa. Sus paredes albergaron una agitada vida cultural
y de militancia. Habitada por políticos, intelectuales y una amalgama de
republicanos llegados desde todas partes de España, en su interior los presos
se siguieron formando y eran frecuentes los debates políticos.
También fue un lugar
de represión. Comenzó a construirse a comienzos del 34 y terminó acogiendo seis
años más tarde --ya en manos de los franquistas-hasta a 2.500 internos, cuando
el proyecto inicial en la época de la República estaba pensado para 350”.
FRANCISCO ESCRIBANO SÁNCHEZ-ALARCOS
